El ministro de Trabajo, José Villena, adelantó algunos criterios que incluirá el proyecto de ley de carrera pública que será presentado, primero, al Consejo de Ministros y luego al Congreso en julio. Los elementos básicos de este proyecto de ley son tres. Primero, se uniformizarán criterios para ordenar cómo se pagan remuneraciones. “Vemos muchos problemas en el sector público, pues hay gobiernos regionales, locales y el (propio) gobierno central, que interpretan, aplican y pagan de manera diferente por conceptos que en teoría deben ser iguales. Eso queremos evitar”. Al respecto, el reconocido procesalista Jorge Danós añadió que la nueva carrera pública es bienvenida porque actualmente “tiene que trabajarse sobre un desorden normativo absoluto” (ver gráfico).

En segundo lugar, se organizarán concursos públicos más rigurosos para evitar que sean cuestionados. Los trabajadores bajo Contrato Administrativo de Servicios (CAS) tendrán más puntaje en estos concursos gracias a su mayor experiencia. No obstante, “lo que no queremos es que este ingreso sea de manera automática, sin ver ni cumplir los perfiles adecuados en la administración pública”. Con relación a este tema, el Dr. Danós afirmó que “no basta el concurso público” sino que “debe haber un conjunto de procesos para que la carrera se convierta en un cauce para el desarrollo profesional y se logre una especialización”. Por último, el ministro indicó que se elaborará “otro proyecto para las remuneraciones de los cargos directivos o de confianza”.

Nos parece que quedarse en una discusión sobre mejores procedimientos administrativos, por bienvenidos que sean, ignora las fallas de Estado en el empleo público. Entendemos que el Estado peruano tiene una larga tradición de crear y distribuir rentas -beneficios extraordinarias que surgen de regulaciones que permiten que alguien se apropie de la riqueza- en vez de promover la creación de riqueza. El Estado peruano es además esencialmente ajeno a una cultura de meritocracia, evaluación y gestión por resultados. Estas características son consistentes con la lógica del clientelismo político dominante en nuestra “democracia sin partidos”. Tradicionalmente se usa al Estado botín para crear y repartir prebendas. En el marco descrito, un simple cambio en los procesos administrativos, por mejor diseñados que estén, no bastará.

Se requieren voluntad y apoyo políticos para ir avanzando en el camino de una reforma. Se debe actuar por varios frentes, no sólo el de la mejora en los procesos administrativos. En vez de la Escuela Nacional de Administración, que opera en Francia, pero no es considerada una buena práctica en la mayor parte del mundo, debería rescatarse y ponerse en práctica el concepto de concursar becas a estudiantes de pre y postgrado, y que a cambio regresen a servir en el Estado.

De la reforma de Gestión por Resultados se deben implementar los bonos de productividad y los indicadores de desempeño de las entidades públicas, sus áreas y sus funcionarios. La evaluación deben realizarla entidades ajenas al Estado, elegidas por concurso. El sector privado usa empresas de recursos humanos. Hasta el sector público lo hace a veces, lo cual indica que hay espacio para ampliar su uso. La evaluación debe ser continua y los bonos de productividad deben reflejar sus resultados.

Se debería poder despedir a los nombrados que salen consistentemente mal evaluados en procesos transparentes, al igual que se debe promover a los bien evaluados. Como es obvio, que los incompetentes estén atornillados a sus puestos no le hace ningún favor a los peruanos a quienes deben servir. Éste es quizás el ejemplo más obvio de la necesidad de acción política, constante, para ir enderezando el rumbo. Mucha mayor transparencia y procesos previsibles de monitoreo y rendición de cuentas ayudarían.

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